Resumen: La Audiencia Nacional, previa declaración de que CRTVE está sujeta a los principios recogidos en el art. 55 del LEBEP, desestima la demanda de impugnación por ilegalidad de dos párrafos del art. 30 del III Convenio colectivo de la corporación, por considerar que la conjunción e interpretación de ambos preceptos en abstracto, no permite concluir la ilegalidad del precepto convencional en lo que se refiere a la elección de los miembros de tribunales o comisiones de calificación. Previamente se desestiman las excepciones de falta de acción y cosa juzgada.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Santiago de Compostela y se confirma la sentencia de instancia que, tras desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, decidía el fondo del asunto, estimando la demanda reconociendo el derecho de las personas trabajadoras incluidas en el ámbito del conflicto colectivo, e incorporadas a las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, a percibir el importe íntegro previsto en tal concepto en el RD 289/2021, sin que, por tanto, la demandada pudiera detraer el importe de la aportación empresarial a la seguridad social. La Sala IV sostiene la competencia de la jurisdicción social para el conocimiento del asunto relativo a la regularidad de la imputación a las personas trabajadoras en el importe de sus retribuciones del coste de seguridad social de la empleadora dado que no se está impugnando ningún acto o resolución administrativa, ni se está poniendo en juego la gestión recaudatoria. Respecto al fondo del asunto, reitera doctrina que señala que al tratarse de una relación laboral, el coste de seguridad social debe ser asumido por la entidad empleadora. El régimen jurídico al que se ha sometido la ayuda y sus cuantías en modo alguno ha previsto que de él se descuente la cuota patronal, ya que ese importe no deja de estar destinado al beneficiario y para atender la actividad que, por vía de contrato laboral, debe atender que no es otra que el objeto al que se destinan las ayudas.
Resumen: Falta el sustrato fácito de la contradicción ya que no consta como acreditado cuáles serían los periodos de actividad o inactividad del trabajador, constando simplemente que era peón agrícola fijo discontinuo.
Resumen: Recurre la Administración Autonómica su condena por despido improcedente, reiterando haber convocado y finalizado tres procesos selectivos en los 3 primeros años desde que el actor tomó posesión y en todos ellos se ofertó su plaza.
En aplicación al caso de la doctrina jurisprudencial y comunitaria a la que se remite, y en función de la secuencia cronológico-objetiva de los hechos en que se apoya, fija la Sala la quaestio decidendi en determinar si concurre causa que justifique que entre la celebración del contrato y la ocupación de la plaza por un titular haya transcurrido un periodo de tiempo superior a tres años, en concreto han transcurrido 3 años 3 meses y 22 días constatándose que durante el mismo la empleadora no ha permanecido inactiva, sino que por el contrario ha mostrado su decidida voluntad de proceder a la cobertura de la plaza mediante las correspondientes convocatorias de OPE hasta la última de ellas que fue resuelta en un plazo inferior a los dos años; lo que lleva al Tribunal a considerar que no se ha mutado la naturaleza del contrato que vinculaba a las partes habiéndose extinguido debidamente por cobertura reglamentaria de la plaza.
Siendo así que el demandante participó en el proceso selectivo de estabilización de empleo temporal habiendo sido cesado al no superarlo concurren a entender del Tribunal los requisitos para el reconocimiento de la indemnización que se fija a razón de veinte días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Bilbao se centra en la improcedencia del despido del trabajador que prestaba servicios como auxiliar de jardinería. La sentencia de instancia había declarado la improcedencia de la extinción de la relación laboral, condenando a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización. En su recurso, la parte recurrente alegó infracciones normativas, argumentando que el Ayuntamiento de Sopuerta había continuado prestando el servicio de jardinería y que existía una subrogación de facto del trabajador. Sin embargo, el TSJ desestimó el recurso, confirmando la sentencia de instancia, al considerar que no se habían acreditado los hechos alegados por la recurrente, como la supuesta realización de tareas de jardinería por parte del Ayuntamiento sin la existencia de un contrato vigente. El TSJ concluyó que no había obligación del Ayuntamiento de asumir a los trabajadores de la recurrente, dado que no se prestaron los servicios hasta la nueva adjudicación en mayo de 2024. Por lo tanto, se confirma la sentencia recurrida en su totalidad. El fallo desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa recurrente, confirmando la sentencia del Juzgado de lo Social.
Resumen: En el presente Auto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, considera que carece de competencia objetiva para conocer de impugnaciones individuales de las resoluciones de adjudicaciones de plazas en CRTVE por cuanto que con independencia de la autoridad que las dicte se trata de actos de la Administración en su calidad de empleadora no sujetos al derecho administrativo que deben ser impugnados a través del procedimiento ordinario para el que la Sala carece de competencia.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Donostia - San Sebastián había declarado la extinción válida de su contrato de trabajo por cobertura de plaza y reconocido una indemnización de 11.307,19 euros. El recurso de suplicación del propio trabajador se basa en la disconformidad con el cálculo indemnizatorio. La sentencia de instancia consideró que no había existido despido, sino una finalización contractual, y rechazó la indemnización solicitada por el recurrente de 20 días por año de servicio, argumentando que la cobertura de la plaza no había contado con su participación. En el análisis del TSJ se establece que la relación laboral del recurrente es de indefinido no fijo, lo que implica que la indemnización debe asimilarse a la de extinción objetiva, conforme a la jurisprudencia que reconoce que la figura del indefinido no fijo no es equiparable a la de un contrato temporal. Por lo tanto, el TSJ estima el recurso y modifica la cuantía indemnizatoria a 18.587,17 euros, en lugar de los 11.307,19 euros inicialmente reconocidos. El fallo concluye con la estimación del recurso de suplicación y la revocación de la resolución de instancia en cuanto al cálculo indemnizatorio, sin imposición de costas.
Resumen: Al actor trabajó que para el Consorcio SCIS Ciudad Real desde 13-10-92 como jefe de parque, le fue reconocida jubilación anticipada por resolución 9.06.21 y efectos de16-06-21 con una base 3.126,50€, 100%, pensión 2.707,49€, siendo aplicable el convenio del del personal laboral del consorcio para el servicio contra incendios y de salvamento de la provincia de Ciudad Real y Acta de la Asamblea de 29-06-21 BOP 5-07-21.
La Sala, afirma que el actor no tiene derecho a la prestación como percepción económica al cese ligada a la jubilación, porque ese complemento está legalmente vedado por el art. 1 del RDL 20/2012 por los límites de gasto en pensiones de las Leyes de Presupuestos y aplica la doctrina de la SSTS 23/10/2019 y 15/06/2022 al interpretar el precepto, alcanzando la incompatibilidad a todo el personal del sector público, no solo a altos cargos, siendo además incompatible con la pensión de jubilación de un régimen público y añade que rige el principio de jerarquía normativa, prevaleciendo la ley sobre el convenio -art. 9.3 CE- y por la suspensión de pactos contrarios -art. 16 RDL 20/2012-, indicando que supuestos de otros trabajadores o acuerdos posteriores no acreditan un derecho consolidable ni vencen la norma superior.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social reconoció el derecho de la actora al acceso a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, así como el reconocimiento del Grado I de la carrera profesional desde el 01/01/2019. La recurrente argumenta que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, ya que no tiene la condición de personal laboral fijo y no ha prestado servicios durante cinco años en dicha condición. La Sala de lo Social desestima el recurso, argumentando que la normativa ha sido modificada y que el derecho a la carrera profesional también se aplica al personal temporal, así como al personal de entidades instrumentales, como es el caso del Consorcio.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social reconoció el derecho de la actora a percibir el grado I de carrera profesional desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, condenando a las Consellerías demandadas a abonar dicho complemento. La parte recurrente Xunta de Galicia- argumenta la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la demanda, alegando que la impugnación de la Orden de 28 de marzo de 2019, que regula el acceso a la carrera profesional, debe ser resuelta en el ámbito contencioso-administrativo. La Sala de lo Social afirma que la reclamación individual de la trabajadora debe ser resuelta por la jurisdicción social, ya que se trata de un litigio derivado de su contrato de trabajo. También desestima las alegaciones sobre la infracción de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Orden de la Consellería de Facenda, argumentando que la exclusión de ciertos colectivos del régimen de carrera profesional es contraria al principio de no discriminación.
